Ni todo es tan bueno, ni tan malo. Depende de la perspectiva. Así, los profesionales más directamente relacionados con el derecho de familia han recibido el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que los notarios podrán resolver matrimonios y divorcios pactados, dentro de la ley de mediación y jurisdicción voluntaria, con numerosas pegas. En opinión de los expertos consultados, la medida no sólo no reducirá la insoportable carga judicial actual, sino que planteará problemas de garantías. En el otro lado se sitúan los usuarios de la justicia y los propios notarios, quienes sí ven positiva la medida. En primer lugar, por el ahorro de costes y tiempo.
Algunos jueces ya se han mostrado contrarios a la medida. El juez de familia de Gijón Ángel Luis Campo es uno de ellos. «Me parece una iniciativa que poco va a ayudar a solucionar el atasco de los Juzgados», indicó. Además, «puede causar claramente indefensión». En opinión de Campo, el atasco actual se podría solucionar mejor con otro tipo de medidas, como la agilización y simplificación de procedimientos, la transferencia de los registros civiles a los ayuntamientos o la creación de una jurisdicción de familia. Para el magistrado, «los Juzgados necesitan, más que incrementar su personal, reorganizar y racionalizar las plantillas, aumentar su estabilidad, mejorar instalaciones…». En resumidas cuentas, «una medida así sería como la sacarina al final de un banquete».
La propuesta del Ministro hace polvo sobre todo a los abogados, a quienes en teoría llegarán menos casos. Sin embargo, no es éste el motivo por el que están en contra. «Es una atrocidad, va a generar una justicia de doble velocidad, una para las personas que pueden pagársela y otra para los que tienen menos medios», indicó la abogada matrimonialista gijonesa Montserrat González Rufo.
Los notarios no están en contra de la medida, aunque no ven que pueda estar en vigor antes de un año o más tiempo. El decano de los notarios de Asturias, José Luis Fernández Lozano, no olvida que el anterior Gobierno ya tuvo sobre la mesa una ley de jurisdicción voluntaria que no salió adelante. «Nos parece bien la medida, porque aparte de que vendría en un momento en que la carga de trabajo es muy baja, supondría un ahorro para el ciudadano y desatascaría un poco los tribunales», indicó. En cualquier caso, «le queda mucho camino todavía». Fernández Lozano defendió la competencia de los notarios para celebrar bodas y divorcios. «Por supuesto que tenemos carácter de funcionarios públicos y somos autoridad», aseguró.
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